Towards Peace and Justice in Colombia


Promo of Mining and Energy, Displacement and Resistance Forum
December 17, 2012, 5:43 am
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Promotional video for the Colombian national forum of February 2012 on mining and hydroelectric energy projects.

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Violencias contra las mujeres: una realidad silenciada
December 17, 2012, 5:40 am
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http://www.periferiaprensa.org/index.php/edicion-actual/1096-violencias-contra-las-mujeres-una-realidad-silenciada

by Rachel Dickson and Sara Tamayo  November 2012

La violencia por parte del sistema capitalista y patriarcal se manifiesta en todas las esferas de la vida de las mujeres y se reproduce en la cotidianidad como algo naturalizado, sistemáticamente silenciada e invisibilizada. Muchos hombres (y a veces las mismas mujeres) cometen violencia de género sin darse cuenta, y muchas la sufren, sintiendo la culpa, sin analizar el contexto socio-histórico que reproduce el fenómeno, puesto que son hechos sociales impuestos.

Los medios oficiales de comunicación presentan casos aislados e incluso denuncias que solo representan una pequeña parte de la realidad; según la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL – Colombia, sólo se denuncian alrededor del 10% de los casos de violencia de género. La Organización Mundial de la Salud -OMS- informa que la violencia de género es la primera causa de muerte entre las mujeres de 15 a 44 años. Por lo menos una de cada tres mujeres alrededor del mundo sufre algún tipo de violencia de género durante su vida.

Una de las violencias más comunes, pero más calladas, es la violencia de pareja, que puede incluir violencia física, psicológica y sexual; tiene como fin controlar social, física y emocionalmente las mujeres por parte de su pareja. En un estudio realizado por la OMS en varios países, entre un 15% y un 71% de las mujeres admitieron haber sufrido en algún momento violencia física o sexual por parte de su pareja. Pero esta cifra no incluye las violencias psicológicas que a veces se presentan como inocuas y se manifiesta en los celos, la posesividad extrema, la intimidación, las amenazas, hacer que se sienta culpable o ignorada y la humillación.

El relato de Ana
“He sufrido en carne propia la violencia de un hombre que ha sido mi esposo por más de 17 años. Cuando me separé de él, vino más fuerte la violencia porque era el hecho de él haber perdido su objeto que podía manipular y mover como quisiera, entonces se aparecía en todas partes, en cada esquina. Muchas veces me dijo que me iba a matar. Tenía que hacer lo que él me dijera. Si yo iba a otro lugar, ya era motivo de pelea, de agresión. Todas las peleas fueron por eso.

Empezó a violentar a mis hijos. Me decía, te voy a dar donde más te duele. Duele más que si él me hubiera golpeado a mí. Y las palabras. Las palabras duelen más que cualquier otra herida. Muchas veces me quedaba dormida y soñaba que venía con un cuchillo, que me iba a matar. Esa obsesión de querer dañarte, de dañar lo tuyo, tu imagen en el trabajo, con los compañeros, me parece una de las violencias más duras contra la mujer, y son muy poco contadas porque las callamos. Uno se siente culpable. Si yo le hubiera hecho caso, habríamos evitado los problemas. Todas esas cosas hacen a una quedarse callada.
Varias veces puse denuncia en la fiscalía y lo citaban, pero nunca resultó nada. Las medidas de protección tampoco funcionaban. La fiscalía y medicina legal nunca hacen nada. Me dijeron una vez cuando fui, “Irrítele más para que te golpee más, porque así sin morados más oscuros no podemos hacer nada”.

La violencia sexual
Es otra violencia que permea muchos ámbitos y se realiza en muchas formas. Incluye los piropos, miradas sugestivas y acoso en la calle, hasta la violación. Es cualquier clase de atención sexual no correspondida o no deseada, como lo que le ocurrió a Yesica en Medellín. “Yo iba caminando hacia la estación del bus, cuando de pronto sentí que una moto se me acercó y, de repente, sentí la mano de un hombre tocando mi trasero. Sentí mucha rabia al saber que no me podía defender, no era lo primero ni lo último que me iba a pasar. Le dan ganas a uno de llorar de la impotencia”.

La principal causa de desplazamiento de las mujeres es la violencia sexual, según estudios de Profamilia y Acción Social. En el contexto del conflicto armado, se emplea la violación sistemática de mujeres como arma para aterrorizar, debilitar, humillar y someter al enemigo, avanzando en el control de territorios y recursos económicos. No es un fenómeno nuevo que el cuerpo de la mujer sea tratado como otro territorio para conquistar. En zonas dominadas por grupos armados, se imponen a las mujeres formas de comportamiento como la vestimenta y horarios restringidos para estar en la calle.

El relato de Miriam en el contexto del conflicto armado
Miriam era una niña cuando se produjo la Operación Génesis, en el mes de febrero de 1997, que produjo el desplazamiento de 4.000 personas. Fue una operación conjunta de militares y paramilitares, sobre poblaciones afrodescendientes en la zona del Cacarica, Chocó. Esa zona es codiciada por el Estado y las multinacionales por sus riquezas en minerales. Cuenta Miriam: “Entraron paramilitares y militares y nos tocó escapar para cuidar nuestras vidas. Como niños, nos pusimos a llorar, y nos fuimos a resguardar con la familia a un río donde había muchos árboles.  Ahí duramos tres días, sin comer, porque nuestros padres temían que los aviones, al ver humo, iban a tirar bombas al lugar.

Alrededor de eso sucedieron historias de mujeres a las que los paramilitares violaron, ultrajaron y asesinaron. Entre esos casos está el de una joven que vivía en Puente América. Los militares y paramilitares la obligaron, a ella, que era una mujer embarazada, a que se quitara la ropa y bailara enfrente de ellos y que si no la iban a matar. Entonces ella, por la amenaza, tuvo que hacer todas esas cosas.

En una comunidad, a tres horas de la mía, llegaron a casa de Gloria, que era madre de tres hijos. Preguntaron por el esposo, que no estaba. Al no estar el esposo, dijeron que entonces tenía que acompañarlos una hija. Inclusive tenía un hijo de tres meses en el pecho, ellos se lo arrancaron. La madre dijo que mejor ella se iba con ellos, pero le dijeron que no se preocupara, que la devolverían. Al cabo de tres días, la madre buscaba a la hija, y a una distancia un poco lejos, vio el cuerpo tirado; la violaron, la degollaron y le mocharon los senos”.

El impacto del desplazamiento forzado afecta más a las mujeres
En los casos de desplazamiento, arma para implementar la concentración de tierras y riquezas, las mujeres sufren las consecuencias de forma más destacada, siendo obligadas a permanecer en el espacio doméstico y sin trabajo ni ingresos económicos, haciendo un trabajo invisibilizado y no reconocido. Según datos de Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, cuatro de diez familias en situación de desplazamiento poseen jefatura femenina. En el 2005, Esperanza de Bebaraná fue desplazada del Chocó por los paramilitares. Al llegar a Medellín, le tocó trabajar largas jornadas en casas de familia para poder mantener a sus cinco hijos. “Yo llegué un 25 de diciembre del 2005, me puse a trabajar por días o a veces por medio tiempo en casas de familia. Me pagaban 10 mil pesos o 12 mil pesos. De 5 de la mañana a 12 del día trabajaba en una casa de familia y de 2 de la tarde a 8 de la noche trabajaba en una lavandería, planchando ropa. Me tocaba caminar del 20 de julio hasta Laureles, por la 35. Cuando llegué a vivir en la comuna 13 me fue muy mal, porque me tocó ver morir a muchas personas en la puerta de mi casa. Tenía que vivir encerrada, porque una bala perdida nos podía matar, no podíamos salir para hablar con los vecinos porque había mucho miedo”.

La violencia económica
Las mujeres desplazadas, igual que muchas otras mujeres, sufren otro tipo de violencia, bastante común, que es la violencia económica. Para muchas mujeres, el trabajo doméstico está impuesto, y el control y manejo de recursos corresponde al hombre, que genera una dependencia económica, que se usa como forma de coerción y manipulación. Doña Martha nos comparte la experiencia de violencia que vivió con su pareja. “Si no se acuesta conmigo no le merco, me decía mi  esposo. De llegar al punto de decirle al de la tienda que no me soltara nada de mercado, que era para mí y mis hijos. Llegaba con la moza a las dos o tres de la mañana para que yo los atendiera. Yo era la que trabajaba todo el tiempo y él siempre me humillaba hasta por lo que comía. A mí me daba miedo separarme, ya que nunca había trabajado fuera del hogar. Llegué hasta pensar en matarlo, si me volvía a maltratar. Ya no aguantaba más y un día cogí a mis hijos, los monté en un carro y lo dejé con muchos temores, pero hoy le doy gracias a Dios, porque vivo sin tanto miedo”.

La violencia contra la mujer es estructural
La negación al acceso de las mujeres a derechos y la satisfacción de sus necesidades básicas refleja una violencia generalizada y estructural que afecta a cada mujer. Existen barreras intangibles y relaciones de poder, que mantienen a las mujeres subordinadas. Se ve esta violencia en todas las instituciones, especialmente en la Iglesia, la escuela y el trabajo. La discriminación hacia la mujer obstaculiza su acceso al trabajo y muchas mujeres se ven forzadas a comportarse de otra forma para avanzar en sus puestos. Muchas veces un superior que tiene un rol de autoridad utiliza su posición de poder para seducir a un inferior, generalmente una mujer. El acoso sexual generalmente no es denunciado por miedo de repercusiones en el trabajo.

En otras instituciones se ve esta misma violencia estructural, que realizan autoridades, funcionarios, profesionales y agentes cuando no desarrollan políticas ni prácticas de igualdad de oportunidades o permiten y reproducen la violencia en espacios institucionales. Es el caso de Patricia, que mientras desarrollaba su actividad sindical en los años 80, fue detenida por el Ejército y junto a otras dos compañeras y dos compañeros fueron sindicados de portar propaganda subversiva. Mientras estuvieron detenidos, a los hombres los golpearon y a las mujeres las amenazaban con violarlas. “La tortura fue más psicológica, en unos calabozos denigrantes. Sufrimos una  intimidación en que nos iban a violar a nosotras las mujeres”. Cuando en los 90 empezó a trabajar por los detenidos políticos, sufrió intimidaciones, amenazas y agresiones, “era muy evidente el maltrato de la guardia, no sólo con las detenidas sino con la visita, con los familiares. Por ejemplo, había una guarda de apellido Alfaro en la cárcel de Itagüí. Era tan jodido el examen que les hacía a las mujeres que las hacía sangrar”.

Una violencia institucional, muy aceptada e invisibilizada, es la violencia en espacios médicos, específicamente la violencia obstétrica, que es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres, y se expresa en un trato deshumanizador, abuso del médico, la patologización de los procesos naturales e intervención excesiva, muchas veces en aras de lucro para la institución médica. La falta de acceso a la salud de las mujeres pobres, la maternidad impuesta y la muerte de miles de mujeres por abortos clandestinos, representan síntomas de esta violencia epidémica.

La violencia simbólica
Las mujeres de todas partes sufren violencias simbólicas; se enfrentan a los valores masculinos impuestos y universales, los lenguajes sexistas y modelos impuestos de ser mujer y la reproducción de estos roles en la cultura, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Se atribuye un menor valor a la posición social de las mujeres a través de imágenes y estereotipos que ayuda a perpetuar el rol de subordinación y la discriminación.

Esto es el reflejo de una estructura social organizada desde lo masculino, desde una visión androcéntrica, que pone al hombre – macho como el centro de la humanidad.  Sus intereses y sus necesidades pasan a ser considerados como la norma para el funcionamiento de la sociedad. Según esta estructura social, actuar en espacios públicos como la calle, desarrollar actividades de carácter intelectual, trabajar en determinadas profesiones y oficios que son asignados a varones, se consideran cualidades superiores; mientras los espacios privados como la casa, donde se desarrollan roles de reproducción y cuidado, la expresión de sentimientos y emociones son asignados a mujeres y se consideran cualidades secundarias. Desde niños, la sociedad presiona para que las personas piensen y actúen de forma diferente según sean mujeres u hombres. Los niños aprenden a responder agresivamente mientras las niñas aprenden a entregar y cuidar.
El orden masculino está tan arraigado social y culturalmente, que es considerado como natural y se legitima gracias a la división sexual del trabajo y la estructura social y cognitiva impuesta en nuestros cuerpos y mentes.

Esto lleva a que el hombre – macho desarrolle prácticas y actitudes de discriminación hacia las mujeres, como la misoginia que es el odio a todo lo femenino, la ginopia que es la imposibilidad de visibilizar lo femenino, el machismo que resalta lo masculino y subvalora lo femenino, y el sexismo que menosprecia lo que son y lo que hacen las personas del sexo supuestamente inferior. El androcentrismo ayuda a configurar el patriarcado, como el sistema que genera y reproduce relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que son desiguales entre hombres y mujeres. Todo este sistema de opresión es implementado para el beneficio del dominio masculino, donde el hombre – macho ejerce poder sobre las mujeres y lo femenino.

Este modelo de sociedad que justifica la violencia contra las mujeres es nocivo para la humanidad; impone el egoísmo, la indiferencia y la indolencia como valores universales, inmutables y verdaderos. Principalmente, mantiene la estructura social de desigualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre pobres y ricos. Entendiendo que la violencia es estructural en una sociedad capitalista, neoliberal y patriarcal, es necesario que, entre hombres y mujeres a través de la sensibilización y la solidaridad, desmitifiquen la violencia contra la mujer. Como las relaciones humanas, políticas, económicas y culturales no son naturales, sino socialmente construidas, pueden ser transformadas.

*Nombres de entrevistadas cambiados a petición de las mujeres



Habitantes de Cocorná rechazan la Central Hidroeléctrica el Popal
December 17, 2012, 5:38 am
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By Rachel Dickson August 2012

http://www.periferiaprensa.org/index.php/ediciones-anteriores/163-edicion-76-agosto-2012/1035-habitantes-de-cocorna-rechazan-la-central-hidroelectrica-el-popal

Pobladores de la vereda la Aurora de Cocorná, Antioquia, han manifestado inconformidad con las obras de HMV Ingenieros y denuncian que la construcción del proyecto hidroeléctrico está secando las fuentes de agua y causando deslizamientos en la zona. La construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Popal afecta a las veredas de la Inmaculada, San Lorenzo, La Piñuela, Los Mangos y La Aurora del municipio de Cocorná e incluso una zona del municipio de Granada.

 

La construcción empezó en 2011, aunque la licencia ambiental fue otorgada por Cornare en 2010, junto con la concesión de aguas del río Cocorná por un periodo de 25 años. El proyecto abarca 556 hectáreas y tendrá un costo de 53 millones de dólares. La central, a filo de agua, tendrá un salto de 177 metros y una capacidad instalada de 21 MV.

HMV Ingenieros ha contratado las empresas Morichal y Bajo Tierra para llevar a cabo las primeras fases de construcción. Según un contratista de Morichal, sumado a las obras del túnel, están construyendo filtros en la zona para dirigir toda el agua hacia la hidroeléctrica. La terminación de las obras de Morichal demorarán otros 8 años, pero HMV dice que la central estará lista en marzo de 2014.

El Popal es el último de 5 proyectos de “pequeñas” centrales hidroeléctricas de HMV Ingenieros financiados por Century Energy Corporation, empresa panameña, propiedad del conglomerado colombiano Helm Group, controlado por los socios mayoritarios del Banco de Crédito y Machinery Corporation of America. HMV Ingenieros lleva 50 años en Colombia y tiene sede en Medellín; en la actualidad tiene proyectos hidroeléctricos en Colombia y en Perú que suman más de 200 MV y de 400 MV respectivamente.

La empresa se defiende
Aunque varios habitantes de la Aurora aseguran que antes de la llegada de la empresa a la zona nunca habían tenido escasez de agua y nunca hubo deslizamientos de tierra de tanta magnitud, la empresa sostiene que está mitigando los impactos negativos. Según un representante de Morichal, la empresa contratista de HMV, por cada árbol talado se siembran 8 árboles. Se está construyendo una vía de 5.5 kilómetros entre la vereda San Lorenzo, Los Mangos y la Inmaculada, que beneficiará a más de 20 familias de la zona, y un puente sobre el río Cocorná, que articulará y comunicará a las mismas veredas. Según sus representantes, la empresa ha dado empleo a más de 112 trabajadores no calificados de la zona, con un sueldo mensual de aproximadamente 900 mil pesos.

Según un funcionario de Morichal, “desde cuando HMV hizo los estudios, la zona ya tenía problemas. Los deslizamientos de tierra en Colombia están por todo el país. Esto es una zona en la que llueve demasiado. Todo genera impactos negativos y esperamos que sean mitigables. Todo tiene un tope de aprovechamiento. Todas las explosiones son controladas y se hacen por diagramas. No hacemos daño a la comunidad, practicamos la política del buen vecino”.

La comunidad responde
A pesar de las declaraciones de la empresa, los pobladores de la Aurora no creen en ellas. Miguel, un campesino de la Aurora, dice que HMV siempre le está buscando para que él entregue su hoja de vida: “Les conviene que yo trabaje allá porque yo soy uno de los que está más en contra del proyecto, y siempre les digo: voy a las reuniones mensuales de la empresa cuando pasan los informes, pero nunca contestan nuestras preguntas. Ni una palabra”. Miguel sigue: “Siempre dicen que nos están dando trabajo, como si fuera un regalo, pero les conviene que gente de la zona trabaje en la construcción. No tienen que pagar transporte, posada ni alimentación como tendrían que hacerlo con trabajadores externos a la zona y saben que nos pueden pagar poco y aún así nos puede parecer mucho”.

Varios habitantes de la Aurora dicen que en los últimos meses el agua se ha ido en varias zonas. Cuenta Alejandro que ha vivido aquí toda la vida y nunca les ha faltado agua, “y en este momento estamos secos”. Alejandro agrega: “abajo están saliendo dos mangueras de tres pulgadas hasta el tope con agua, todas las mangueras tienen que sacar el agua del túnel porque hay tanta, pero aquí arriba se está secando. El agua se está profundizando, la roca baja y el agua sale. Ya mandamos las actas de estas denuncias a la empresa pero no han respondido”.

Otra preocupación de los pobladores es el aumento de deslizamientos en la zona por las fallas geológicas. “Hace 12 o 14 años, Cornare dijo a muchas personas que les tocaba desocupar porque la zona era de alto riesgo. Había casas que se estaban cayendo. Se deslizó casi todo abajo hasta el río. Hace 6 años hubo otros deslizamientos y Cornare reubicó a la gente”, cuenta Miguel que la zona fue clasificada como de riesgo otra vez “y nos prohibieron construir estanques y pozos sépticos por ser una zona inestable. Mi pregunta es, si las condiciones de la zona eran esas, ¿por qué autorizaron la construcción de la central? Hemos dicho a Cornare y a la alcaldía que el problema no es que existan fallas geológicas, desde hace tiempos sabemos eso y hemos tomado precauciones; el problema es que ahora se están derrumbando partes que nunca se habían deslizado antes. Por debajo del río están sacándole tierra, el terreno bien flojo y la empresa haciendo cuatro explosiones diarias por dentro de la tierra y el agua por encima cayéndoles”.

Se están sobrepasando con la dinamita
Rosalba cuenta que el 23 de abril de este año llovió toda la noche. “Al otro día,, cuando nos levantamos, se había llevado media casa de arriba. La gente tuvo que salir en medio de un huracán. Quedamos por aquí sin camino, incomunicados de la Inmaculada. Fue tan curioso, porque hubo avalancha en el Jordán y en los Mangos la misma noche”. Según Rosalba, el perjuicio más grande para la vereda pasó a la ramada de su familia. Un deslizamiento dañó todo el piso y los hornos de la ramada. “Ya llevamos tres meses sin poder moler. La ramada nos costó 250 millones de pesos, que conseguimos con los esfuerzos de nosotros mismos, aportes del municipio, préstamos y un proyecto de la Secretaría de Agricultura. La ramada daba empleo a diez familias de la vereda. Ahora los muchachos han tenido que buscar trabajo en la obra, otros están trabajando jornales y otros están desempleados. Nos dice el municipio que no puede responder, que tenemos que esperar ayuda del gobierno nacional para los damnificados, pero hasta ahora nunca han dado nada, ni una libra de arroz. Hace 16 años que hemos estado invirtiendo tiempo y recursos en el mejoramiento de la ramada, y por acá nunca se había deslizado. Creo que se están sobrepasando con la dinamita porque escuchamos y hasta sentimos las explosiones por acá”. Jairo, el esposo de Rosalba, expresa la tristeza que siente por sus hijos: “Nunca han tenido que jornalear mis hijos. Trabajar de 5 de la mañana a 7 de la noche es muy duro, pero nunca tenían que hacer eso porque trabajaban en la ramada. Ahora les ha tocado jornalear y les tocó buscar trabajo en la obra”.

La ley está a favor de la empresa
En enero de este año, la obra del proyecto hidroeléctrico el Popal fue declarada de interés social y utilidad pública por el Ministerio de Minas y Energía. Eso permite que la obra sea inscrita como mecanismo de desarrollo limpio bajo los protocolos de las Naciones Unidas y permite ciertos privilegios para la empresa. Significa que dentro del terreno de concesión, si hay propietarios que no quieren negociar sus predios pueden ser expropiados. Igual de preocupante para los habitantes de la zona, debido al hecho de que la generación de electricidad es considerada un servicio público de carácter esencial según el Código de Minas, podrán efectuarse trabajos de exploración y explotación de minas en las áreas ocupadas por la obra.

Según Cornare, en octubre de 2011 había 9 proyectos hidroeléctricos en Cocorná, uno de ellos una central de alta producción de energía. Por su parte, la firma HMV realizará 5 proyectos hidroeléctricos en el Oriente Antioqueño: el proyecto Tafetanes en Granada, que actualmente se encuentra suspendido por protesta de la comunidad; el proyecto El Popal en el río Cocorná, los proyectos Molinos I y Molinos II entre Granada y Cocorná, y el proyecto San Miguel sobre le río Calderas, cerca al cruce de la Autopista Medellín – Bogotá.

La empresa contratista Morichal nos aclaró que la energía generada no será para consumo en Cocorná, aunque el proyecto dejará transferencias en el municipio. La energía estará conectada a las líneas de ISA y EPM, para consumo en el país y en el exterior. Según Miguel, “nada de desarrollo en el municipio es para nosotros. No nos quieren aquí. Yo tenía una rastra de madera para vender, pero el permiso que me obligaron a sacar valió 28 mil pesos. Vendí 22 mil pesos de madera y perdí 6 mil pesos. No paga ser campesino aquí”.

“Este problema es muy grande- continúa Miguel-. Este es un desplazamiento forzado que nos está haciendo Cornare. Le conviene que los campesinos no estemos en la zona, porque si el campesino no está, la empresa hace lo que quiera”. Rosalba, por su parte, se queja de que Cornare haya dado la licencia a esta empresa sin contar con la comunidad. “Aquí a nadie llamaron a ver si estábamos de acuerdo. Llegaron y el presidente andaba con ellos y ya, empezaron”.

Según las declaraciones legales de Cornare, no hay presencia de cabildos indígenas ni comunidades afros en la zona, y por ende no había necesidad de una consulta previa. Así, los reclamos de los habitantes tienen poca probabilidad de ser escuchados.
Sin embargo la comunidad se prepara para enfrentar los daños generados por la empresa.



Estadounidenses se movilizan en contra de la gran minería en las montañas Apalaches
December 17, 2012, 5:37 am
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August 2012 By Rachel Dickson and Sarah Simmons

En el mes de julio, casi 200 manifestantes pararon por varias horas las actividades de la mina a cielo abierto más grande de los Estados Unidos, la mina Hobet 45, una mina de carbón en las montañas Apalaches. Las reservas de carbón de los Estados Unidos contienen tanta energía como todo el petróleo en Arabia Saudí, o el 29% de las reservas recuperables de carbón del mundo. Aunque las plantas de carbón producen efecto invernadero y una considerable cantidad de emisiones de gas carbónico, el carbón continúa siendo el mineral que suministra más del 50% de la energía que se requiere para el consumo en los Estados Unidos.

 

Minería a cielo abierto de carbón en los Estados Unidos
27 de los 50 estados que conforman los Estados Unidos tienen 1.400 minas activas de carbón, aunque el 90% de las reservas de carbón del país están concentradas en solamente 10 estados. En 800 de las minas de carbón se practica la forma más controvertida y destructiva en la que se presenta la minería, la llamada minería a cielo abierto, la cual es común en las montañas orientales de los Estados Unidos, especialmente en la zona conocida como la cordillera de los Apalaches, en donde la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos estima que 5.700 kilómetros cuadrados de los bosques serán deforestados para minería a cielo abierto a finales de 2012.

Este tipo de minería literalmente barre las cimas de las montañas para extraer el carbón que yace debajo; por cada trabajador se puede extraer más del doble de lo que se extrae en las minas subterráneas tradicionales. Los dos estados que más practican minería a cielo abierto, que utilizan cada uno alrededor de 1.000 toneladas de explosivos por día en minería de superficie, también son dos de los tres estados con más pobreza y desempleo de los Estados Unidos. Las montañas Apalaches conforman una de las cordilleras más antiguas del mundo, pero estas prácticas se traducen en la destrucción de más de 500 montañas y el secamiento de más de 2.000 kilómetros de arroyos en los Apalaches desde los años 70.

La minería a cielo abierto ha sido practicada desde los años 60, pero el aumento en demanda para carbón en los Estados Unidos, provocado por las crisis de petróleo de 1973 y 1979, generó incentivos para buscar una forma más económica de explotación minera que la usada hasta el momento por medio de los métodos tradicionales subterráneos, generalizando la minería a cielo abierto a través no sólo del país, sino también del mundo.

El carbón es una fuente de energía de bajo costo, pero nunca llegan a cuantificarse los daños y el precio generado por la contaminación de las aguas, el aire y los suelos y los nocivos efectos sobre la salud humana. De hecho, las regulaciones ambientales frente a la minería a cielo abierto se han debilitado durante el gobierno del presidente actual.

Movilización y represión
Alrededor de 20 activistas en contra de la minería de carbón fueron detenidos el pasado 27 de julio cuando, en medio de una protesta llevada a cabo por 200 manifestantes, ingresaron a la mina Hobet 45, cerca a la ciudad de Charleston, en el Estado de Virginia Occidental. Los activistas lograron cerrar las operaciones mineras durante varias horas y de paso llamaron la atención pública sobre la mina a cielo abierto más grande del país.

En esta jornada de protesta aproximadamente 75 personas más asistieron a una concentración en una reserva forestal cercana, mientras que a muchos otros la policía estatal les bloqueó la entrada. Cuando la policía estatal impidió la llegada de los autobuses contratados por los manifestantes para recogerlos después de la movilización, muchos se vieron obligados a caminar durante 4 horas. De igual forma, algunos de los mineros que antes gritaban contra los manifestantes agredieron por lo menos a 2 de ellos con gas pimienta y muchos otros fueron hostigados y amenazados verbalmente. El joven Dustin Steele, quien participó en la manifestación, fue arrastrado por el pavimento y repetidamente agredido y golpeado por la policía. Por estos hechos, quienes forman parte de Activistas de Acción Radical por la Supervivencia de los Pueblos de la Montaña han pedido una investigación penal al respecto. Y es que en el pasado, los opositores a la industria extractiva del carbón han sufrido graves amenazas de muerte, hechos de vandalismo, incendio premeditado, calumnias e incluso sus mascotas han sido asesinadas sin que se llegue nunca a identificar a los responsables.

El pueblo lucha contra la opresión
Este mismo día de la movilización, el ex congresista de Virginia Occidental, Ken Hechler, dijo a la multitud reunida en el bosque: “Mi lucha es salvar y proteger las montañas, pero es la gente quien merece las protecciones. Por eso siempre me gusta citar el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos: “Nosotros el pueblo” -no nosotras las corporaciones, ni los contaminadores-, sino “Nosotros el pueblo debemos trabajar con el fin de formar una Unión más perfecta y establecer la justicia”… que finalmente es la inspiración de la que estaban hablando los redactores de nuestra Constitución”.

El día de la movilización, Junior Walk, un habitante local y ex minero, declaró: “Quiero que los y las norteamericanas se enteren de una vez que su estilo de vida depende de las espaldas, la sangre y el sudor de los pobres que trabajan en estas minas. El pueblo de Apalaches ha estado dedicado a la minería del carbón y ha trabajado en esta terrible industria durante más de 150 años, pero justamente toda esta labor destructiva es la razón por la cual el resto de la sociedad estadounidense puede sentarse en su casa bajo sus aires acondicionadores y ver tranquilamente sus televisores. Por ello, no es justo sacrificar la totalidad de una comunidad con el fin de que más gente pueda tener un cómodo nivel de vida….” Cabe recordar que las personas residentes en zonas mineras tienen una tasa de cánceres mortales 50% superior a la media nacional, y una tasa mayor a 42% de defectos de nacimiento.

Dustin Steele y otros 9 activistas capturados en la protestas han sido excarcelados, pero otros diez permanecen tras las rejas. Steele, en un discurso poco antes de la manifestación, expresó: “Las personas que están destruyendo las montañas son las mismas personas que están pateando personas para desplazarlas de sus hogares en Nueva Orleans, son las mismas personas que realizan las tareas de perforación de gas en Pittsburgh, son las mismas personas y las mismas fuerzas de poder que causan la opresión. Y esa opresión que sucede aquí con las industrias extractivas, es la misma opresión que está sucediendo en todo el mundo; por eso, cuando se lucha contra la opresión en cualquier lugar del mundo, se lucha contra la opresión en todas partes”.



Espejo de agua o espejo de la realidad
December 17, 2012, 5:34 am
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June 2012  By Rachel Dickson and JDL

El embalse de Cerrón Grande, el más grande de la República de El Salvador, no es solo un espejo de agua que refleja el cielo azul de Suchitoto o los hermosos rostros de los pescadores y las pescadoras; es también el reflejo de una realidad que nos rodea. Nuestros problemas generalmente radican en todo aquello que el modelo neoliberal nos quiere imponer; pero el modelo se aplica a nivel global y en cada rincón del mundo hay hermanos y hermanas que sufren y han sufrido históricamente la lógica del despojo, aunque éste varíe en su forma de accionar.

 

En Colombia la arremetida actual del capitalismo ha puesto sus ojos en la extracción desmedida de los recursos naturales, y para ello ha reorganizado nuestros territorios con base en sus necesidades: minería a gran escala; siembra de caña, palma aceitera, yuca amarga para agrocombustibles; construcción de macro y micro centrales hidroeléctricas; grandes obras de infraestructura; aprobación de Tratados del Libre Comercio y en general, la privatización de los recursos, los servicios y la vida. Pero esta historia sucede también en países vecinos. El Salvador es el país más pequeño y poblado de Centroamérica; enfrentó por más de 12 años una guerra civil que fue finalizada oficialmente en 1992 debido a los acuerdos de paz, pero cuyas causas siguen generando una violencia enorme en las calles, barrios y cantones, con el fortalecimiento de las Maras. Y, sobre todo, este país ha sido golpeado por esa violencia económica que se traduce en la dolarización de la economía, la precarización de la producción agrícola, el cambio de vocación productiva y la implementación de megaproyectos.

El lago de Suchitlán o embalse de Cerrón Grande es un ejemplo de esta violencia. Ubicado a 78 kilómetros al norte de San Salvador, sobre el río Lempa, es un lago artificial que cuenta con 135 Km2: es el de mayor extensión en el país, pero en él se ha construido una presa de 90 metros de altura con una longitud de 800 metros, que generan 488 Gwh anualmente. La presa es operada desde su construcción por CEL -Comisión Ejecutiva de Hidroeléctrica del Rio Lempa, una empresa estatal que controla tres represas más dentro del país y actualmente adelanta estudios para la implementación de otros dos proyectos hidroeléctricos en conjunto con el Instituto de Electrificación de Guatemala (INDE).

La represa en el lago Suchitlán se construyó a principios de los años 70, en un contexto económico, político y social de alta tensión, justo antes del inicio de la guerra. Tanto el embalse como la guerra misma fueron apoyados de forma directa por el gobierno estadounidense y sus militares, por eso muchos de los pobladores de la zona se vincularon directamente a la guerrilla en vista de que el embalse fue considerado como una afrenta a su derecho propio de habitar el territorio y construir en él su vida.

Pero la realidad en El Salvador es similar a la nuestra en términos de la producción eléctrica. La que actualmente produce es más que suficiente para la población actual y, sin embargo, las tarifas son sumamente elevadas. Por ejemplo, una pescadora habitante de Suchitoto, en entrevista con Periferia, manifestó que en las tareas de la pesca se emplean su esposo, su hijo y ella, pero la mayoría de los días los ingresos de la familia no ascienden a los 3 dólares; sin embargo, mes a mes deben pagar alrededor de 28 dólares por el consumo eléctrico, a pesar de contar solamente con un televisor y tres bombillos.

Por otro lado, la misma pescadora afirmó que antes de la construcción del lago todo el territorio estaba sembrado de yuca, caña de azúcar y otros productos de pancoger. Sus habitantes sobrevivían gracias a los cultivos y a la pesca artesanal en el río Lempa, especialmente al lado del cantón de San Francisco. Sin embargo, al empezar a llenar la presa todos los y las pobladoras tuvieron que desalojar sus champas (Casas construidas con materiales de la zona por sus mismos habitantes) y aun si no querían; ya la empresa CEL había pagado por sus tierras a tan bajos precios que el descontento fue general: quienes no quisieron, quedaron aislados debido a que el embalse se formó, y de todas maneras se vieron obligados a desalojar.

Al indagar acerca del paradero de la población que habitaba la totalidad del territorio que pasó a ser espejo de agua, esta mujer apunta que la mayoría de quienes se desplazaron tuvieron que resignarse a dejar sus tierras y su oficio tradicional y se vieron reducidos a habitar en el casco urbano del municipio o a migrar a otro país, principalmente a Estados Unidos. Con lo que la empresa CEL les pagó por sus propiedades no alcanzaron a estabilizarse ni económica ni culturalmente como pobladores urbanos.

Pero también es enfática la mujer al concluir que actualmente el pueblo no es ni la sombra de lo que fue antes, porque todo cambió: lo productivo, el paisaje, la forma de ganarse la vida. Por eso no duda en afirmar que antes de la represa era mejor la vida; no necesitaban un permiso para pescar, permiso que ahora es entregado por la empresa CEL; la tierra se podía trabajar y todos tenían su parcela para los cultivos; había monte para la caza. Ahora Suchitoto, después de tener una definida vocación agrícola, ha pasado a ser un pueblo destinado para el turismo, y en esta lógica productiva sólo se benefician unas pocas personas y sólo en temporada alta. Esto también ha generado división, porque son los propietarios de lanchas, hoteles y restaurantes quienes reciben todas las ganancias, mientras la gran mayoría de la población debe lidiar con lo poco que queda para subsistir. Vale recordar que el turismo en Suchitoto se fundamenta en la historia de la guerra misma, la cual golpeó fuertemente a esta población, dada su posición estratégica y la cercanía con la capital San Salvador.

El pueblo es muy pobre y lo que se vende en el exterior es la cara bonita que el turista desea ver y la historia de una guerra que aún no ha finalizado, debido a la presencia permanente de las Maras. En las afueras y en los cantones es donde realmente se puede ver y vivir la pobreza, la que se manifiesta también en grandes diferencias frente a la tenencia de la tierra y la capacidad productiva de la zona. Igual que en Colombia, en pocas manos se encuentra la mayoría de las tierras con vocación agrícola; además, los medios de producción también se encuentran concentrados y los arrendamientos que pagan los y las campesinas son tan altos que en caso de acceder a la tierra, no son capaces de sostener la producción por el precio de los insumos e incluso la falta de oferta en el mercado local.

La historia de esta campesina y de su esposo, sobrevivientes de la guerra, víctimas del despojo, sometidos al cambio cultural y productivo y, sin embargo, joviales, tranquilos y calurosos en medio de las aguas del lago, es la historia que ha acontecido y acontece en Colombia: aquellos y aquellas que habitamos los territorios más diversos, productivos y en los que nos sentimos plenamente arraigados, somos desplazados por los megaproyectos y por el sistema económico que sólo atiende a sus necesidades.

 



Fiesta Obrera Medellin
December 17, 2012, 5:31 am
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http://notiagen.wordpress.com/2012/05/02/fiesta-obrera-en-medellin/

May 2012  Audio edited by Rachel Dickson



Plan de Consolidación o Planes de Vida en el Catatumbo
December 17, 2012, 5:28 am
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by Rachel Dickson   May 2012

http://www.periferiaprensa.org/index.php/ediciones-anteriores/121-edicion-7-mayo-2012/970-plan-de-consolidacion-o-planes-de-vida-en-el-catatumbo

Mientras las organizaciones sociales del Cataumbo como el CISCA (Comité de Integración Social de Catatumbo) intentan reconstruir el tejido social, que ha sido patrimonio de la región, el Gobierno nacional militariza, privatiza y despoja bajo el escudo de combatir el narcotráfico y el terrorismo.

 

 

El Catatumbo es la región que se configura en torno al río Catatumbo, al nororiente de Colombia, y desemboca en el Lago Maracaibo de Venezuela. En marzo de este año, el gobierno nacional presentó en Tibú, uno de los municipios más importantes de la región, el Plan de Consolidación para el Catatumbo, como estrategia para institucionalizar la región. Este plan contempla la creciente militarización y $2.3 billones de pesos de inversión en megaobras en los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú.

 

Las obras, que serán ejecutadas por el mismo ejército, incluyen: un embalse, un sistema integrado de transporte, varias vías, la construcción de viaductos, acueductos y el desarrollo de centros históricos. Pero, según un campesino de Teorama, “no tiene por qué construir un acueducto el ejército. Adonde han llegado han matado, han desparecido, han desplazado. No tienen por qué con esto querer lavar la cadena de impunidad en la región y en el país”.

Militarizar es Consolidar

Los megaproyectos cambiarán la imagen que tiene la región, según el gobierno nacional. Pero, según miembros de varios municipios de Catatumbo, sólo abrirán la región a la destrucción total, a través de proyectos extractivos y agroindustriales. Catatumbo fue declarado el año pasado como una de las siete zonas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, del presidente Santos. Las siete regiones tienen en común que presentan un alto índice de violencia y una economía precaria. El año pasado el gobierno de Santos anunció la creación de cinco batallones del Ejército en la zona y ya se construye una gran base militar en Tibú, adonde está enviando cerca de 7.000 soldados a integrarse a la Fuerza de Tarea Conjunta- FTC Vulcano. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU visitó a la FTC en marzo de este año, comprometiéndose a mandar comandantes estadounidenses que han estado en Irak y Afganistán.

El Plan de Consolidación para el Catatumbo consiste en dos componentes: lo militar (anti-insurgente y anti-narcótico), y lo social (jornadas culturales, jornadas de vacunación, construcción de megacolegios, etc). Los dos componentes dependen de la militarización extensa de la región.

Una mina de carbón más grande que el Cerrejón

Detrás de este plan, está la riqueza en recursos naturales de la zona, que la hacen un objetivo militar: el rumor es que una mina de carbón mucho más grande que el Cerrejón y de mejor calidad atraviesa toda la región del Catatumbo, desde el norte en los límites con Venezuela, hasta el municipio de el Carmen en la parte baja. La Gobernación de Norte de Santander ha informado sobre la existencia de 349.595.000 toneladas de carbón para explotar a cielo abierto.  “25 mil hectáreas de carbón a cielo abierto en el Catatumbo. Para eso retiran toda la montaña”, comentó un campesino de Teorama. También existen reservas de oro, materiales de construcción, níquel, cuarzo, esmeraldas, uranio y maderables.

Otra estrategia de desarrollo del gobierno nacional es la implementación de monocultivos -ya en la parte bajo de Tibú hay 12.000 hectáreas de palma africana y unos monocultivos de cacao, caña y piña.  “Es una forma de legalizar la tenencia de la tierra”, dice un campesino de Teorama. “Substituir la coca con la palma africana y otros monocultivos no de la región.”

Los militares se mueven en las zonas estratégicas, también los paramilitares que nunca se desmovilizaron en la zona, según los habitantes. Según algunas fuentes de la zona, los Urabeños están entrando, y ya están los Rastrojos y las Águilas Negras. El ejército usa como escudo la subversión y la coca que abunda en la zona para justificar el conflicto en la región, y últimamente garantizar la entrada de las multinacionales. “Primero tienen que limpiar, asegurar y construir.  Limpiar es deshacer todo lo que encuentran en el camino, especialmente el tejido social. Aseguran el incremento de tropas, saturan la región de ejército y empiezan a construir,” dice un campesino del Tarra.

Agrega además: “Una forma que están implementando es el despojo, consolidando la tierra para la extracción. Convencen a la gente a sacar créditos para la siembra de palma, pero los mismos compran la palma por bajos precios, y cuando el campesino ya no puede pagar el préstamo, embargan la tierra. O convencen a la gente para que busque el título de la tierra para facilitar créditos, y después compran la parcela directamente del campesino”.

Uno de los obstáculos más grandes para la extracción descontrolada de la región es la existencia jurídica de una reserva forestal que ocupa el 70% de la región.  Por eso convencen a la gente de que titule su tierra para sacar préstamos, sabiendo que en la reserva forestal no se puede titular. Pero usan la estrategia para convencer a la gente de la necesidad de levantar la reserva forestal. Esto se puede lograr a través de un acuerdo municipal que sale del Concejo de cada municipio. Hace 5 años en Teorama el alcalde presentó el proyecto para levantar la reserva forestal, pero los concejales no lo aprobaron.

El Estado también quiere implementar una reserva campesina, a través de una resolución del Incoder, que no incluiría la consulta a ninguna comunidad. En una reserva campesina, el gobierno podría expropiar cualquier parcela utilizada para la siembre de cultivos ilícitos -eso afectaría a miles de familias que no han podido encontrar alternativas económicas a la siembra de coca, aunque muchas saben de los impactos negativos ambientales y sociales producidos por los cultivos ilícitos-. Los habitantes de veredas enteras del municipio de El Tarra han tenido que desplazarse por las fumigaciones constantes y los suelos se han vuelto totalmente improductivos en algunas partes.

Por esas necesidades de legalizar su proyecto, el Estado y las empresas han adoptado un estilo de intervención más sutil, de concientización  y cooptación para que la misma gente pida la explotación minera y peleen entre ellos mismos. “Pero no explican a profundidad a la comunidad lo que realmente viene”, dice un campesino del Tarra. La OEA y varias organizaciones no gubernamentales han asumido el papel de infiltrar a la gente, planteando las propuestas de ellos y separando las comunidades. Trabajan para instalar una cultura individualista y capitalista a través de las obras sociales y las escuelas.  “La estrategia de invasión es cambiar de control paramilitar y una economía de coca, a un control militar y una economía de monocultivos y extracción”, dice un integrante de CISCA.

Agresiones camufladas a la comunidad del Cataumbo

Las amenazas ideológicas no son las únicas que enfrentan las comunidades de Catatumbo. “No hay libre expresión”, cuenta un campesino de Teorama. “Las organizaciones sociales supuestamente apoyan a los grupos subversivos”. En febrero de 2011, realizaron la captura masiva de 13 campesinos, incluyendo líderes de las Juntas de Acción Comunal y un inspector de policía. Estuvieron encarcelados 3 meses antes de soltarlos por falta de pruebas. En 2010 encarcelaron a 18 campesinos acusados de rebelión y después los dejaron en libertad por irregularidades en el proceso y falta de pruebas. En total levantaron 68 órdenes de captura.

“Las agresiones por parte de la fuerza pública son más lentas, más camufladas”, dice un campesino de Ocaña. “Empadronamientos fotográficos, listas de datos de la gente, censos, las redes de informantes, todo eso crea un temor en la gente”.

Pero la violencia explicita tampoco falta. En 2004 entraron nuevos batallones en la Brigada Móvil 15 y Brigada 23, para fortalecer el batallón Santander. Desde entonces la militarización solo ha crecido. Ahora hay un batallón en el casco urbano de El Tarra, en plena violación del derecho internacional humanitario, y un comando policial en la mayoría de los cascos urbanos. La fuerza pública ocupa las escuelas, los colegios, los pasillos de las casas particulares. La gente del Tarra dice que en el municipio hay alrededor de 1.000 miembros de las fuerzas públicas, y apenas 1.200 habitantes.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha denunciado los hostigamientos por parte de todos los actores armados en la zona. Hace tres meses, un artefacto explosivo mató a un niño e hirió a otro en una casa en el Tarra. La familia dice que fue el ejército. En marzo de este año, después de un operativo conjunto entre el ejército, CTI, Cijin y la policía, en el casco urbano de San Pablo, un explosivo mató a un bebé y una señora embarazada, y dejó 6 civiles heridos. Ahora la fuerza pública ocupa toda la zona. En febrero de este año un joven fue asesinado por el ejército en el casco urbano del Tarra, y el mismo ejército puso una pistola en la mano del joven después de haberlo matado (eso es conocimiento común de la gente en la región). La comunidad se movilizó en las calles varios día en protesta.

Dice un campesino del Tarra que, “aunque la violencia fue más agudizada antes de 2008, todavía pasa. Recientemente hubo un hostigamiento por 15 días seguidos, hay constantes enfrentamientos en el casco urbano, explosivos en medio de la población civil. No sabemos la procedencia. A veces pensamos que es el mismo Estado que los plantea como excusa para militarizar los cascos urbanos”.

Entre 2004 y 2007 hubo en Catatumbo 60 ejecuciones extrajudiciales. Antes de las ejecuciones extrajudiciales, la región sufrió la devastadora arremitida paramilitar. En 1999, las autodefensas entraron al Catatumbo en forma visible. “Fue un despelote total”, dice un habitante de Teorama. “Mataron a los dirigentes sociales, masacraron a las comunidades. Desplazaron a veredas enteras”. El último informe de la Comisión Nacional de Reparación calcula que, entre 1997 y 2009, hubo en la región 25 grandes masacres con 203 muertos, 72.000 desplazados y 430 víctimas de minas antipersonales. Norte de Santander es el departamento con más desapariciones forzosas en Colombia y Catatumbo encabeza la lista.

El patrimonio de las cooperativas

El fenómeno de la arremitida paramilitar casi destruyó el tejido social del Cataumbo. Desde los 70, frente al histórico abandono estatal de Catatumbo y la entrada de empresas petroleras y madereras en Tibú, las veredas empezaron a formar las Juntas de Acción Comunal -JACs- y a organizarse. En los 80 la iglesia católica llegó a organizar a la gente en cooperativas. Las cooperativas y tiendas comunitarias que eran dirigidas por las JACs, ofrecieron precios más cómodos de la canasta familiar. Las cooperativas también encabezaron procesos educativos, formando a la gente a través de talleres.

En los finales de los 80, las comunidades se movilizaron. Participaron en varios paros nacionales, reivindicando su derecho a escuelas, carreteras, y puestos de salud. En 1991 se conformó la central cooperativa de servicios de 42 organizaciones cooperativas, que comercializaban cacao, café, frijol, cebolla roja, yuca, maíz y plátano. Pero la central fue completamente destruida por la arremitida paramilitar. Sólo quedaron 2 cooperativas. “A raíz del año 99, todos estos procesos eran aniquilados por los paramilitares, borrados de Catatumbo”, dice un campesino del Tarra. Pero el abandono estatal sigue: la comunidad hoy en día se queja de la falta de salud, educación y vías de acceso, problemas que llevan décadas sin solución. La región tiene índices de necesidades básicas insatisfechas de 70% y 35% de analfabetismo. En varias comunidades no hay profesores. Catatumbo depende mucho del contrabando que llega de Venezuela, todo entre la gasolina y la canasta básica llega más barato desde el otro lado de la frontera.

Recomponer el tejido social

En septiembre de 2004 se creó el Comité de Integración Social del Catatumbo- CISCA, en San Pablo, con la intención de recuperar el tejido social. La base social y acumulado del CISCA han sido las JACs y procesos organizativos que existían antes de la arremitida paramilitar. Ahora se viene fortaleciendo y organizando las juntas, nuevas cooperativas y tiendas comunales  -actualmente hay 3 cooperativas y 5 tiendas comunitarias-. El plan de vida que propone el CISCA contrasta dramáticamente con el plan de consolidación del gobierno. “Aquí nacimos y aquí queremos morir, pero de viejos”, dice un integrante del CISCA.  El CISCA propone garantizar el apoyo a las JAC, mantener las organizaciones de las comunidades y garantizar los derechos a la tierra, al agua, a una vida digna, y la permanencia en los territorios

El CISCA ha montado varias granjas integrales sostenibles en el Carmen, la Playa y Teorama, promoviendo los cultivos nativos de la región y la siembra de pancoger para sacar el sustento de las familias. Se han atrevido a cambiar la mentalidad capitalista de consumo por semillas nativas y abonos orgánicos, los monocultivos y la coca por fríjol, maíz, marranos y gallinas. Además, entre 2007 y 2009, el CISCA promovió audiencias públicas sobre los cultivos ilícitos y las fumigaciones, los derechos humanos, el petróleo, falsos positivos, la cuestión minero-energética, y las audiencias han sido acompañadas por movilizaciones. CISCA sigue con la tarea de concientizar a la gente sobre estos temas. Trabaja en colaboración con otras organizaciones de Catatumbo, y algunas comunidades indígenas. Esa es la propuesta amenazada por el plan de consolidación y justa la que puede confrontarlo.